No me llamó.
Los llamó a ellos.
“Sus hijos están en problemas”, les dijo con voz temblorosa, lo suficientemente convincente como para engañar a un juez. “Hay un caso penal. Un error en el sistema. Necesitan dinero para evitar que vayan a la cárcel. Y no deben decírselo; podría arruinar su única oportunidad”.
Mis padres no entendían los sistemas legales ni los procesos financieros. Pero sí entendían el miedo.
Y Claudia alimentó ese miedo como si fuera veneno.
Les trajo documentos falsos, con sellos judiciales y números de caso. Les dijo que la fianza debía pagarse de inmediato. Les dijo que su casa —la que yo les había dado— debía ser transferida temporalmente para poder “liberar liquidez”.
Les dijo que todo se revertiría una vez que pasara la crisis.
Y así, con manos temblorosas, firmaron la cesión de su casa.
Entonces les dijo que huyeran.
Después de que supuestamente se pagara la “fianza” fraudulenta, les advirtió:
“Los estafadores ya saben dónde viven. Deben irse de la casa inmediatamente. No se lo digan a su hijo; podrían atacarlo también”.
Mis padres se lo creyeron todo.
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